Los medios de comunicación, sobre todo los que se estiman más perjudicados y califican de “atentado a la libertad de prensa” el intento del gobierno argentino de reemplazar una ley impuesta por una dictadura, escamotean la reflexión sobre el marco global y los antecedentes internacionales en los que debería inscribirse el debate sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por la Cámara de Diputados y actualmente en discusión en el Senado.
La paradoja de que los medios oculten al público información que les concierne da cuenta de la importancia del debate. El marco global de análisis y los antecedentes existen y vienen siendo mencionados desde hace años, en el país y el extranjero, por diversos especialistas, universidades, organizaciones y medios de comunicación alternativos. Pero ya se sabe que en la sociedad moderna, lo que “no sale en televisión” o en los grandes periódicos, no existe. La memoria elige lo que olvida, aseguraba Borges.
Si embargo, la polémica sobre el significado y la aplicación de la libertad de expresión en un sistema de propiedad privada cada vez más concentrado es de una enorme trascendencia. Ocurre que el control de medios cada vez más poderosos en pocas manos se articula con otro fenómeno contemporáneo: la crisis capitalista reproduce las crecientes desigualdades económicas en los niveles educativos: mejor educación (aunque menos cultura en sentido clásico) para élites cada vez más estrechas, y empobrecimiento educativo, si no analfabetismo liso y llano, para capas cada vez más amplias de la población. El desmantelamiento de los Estados durante el período neoliberal acentuó esta tendencia, incluso en las sociedades más avanzadas.
En este marco, la explosión tecnológica y productiva, que pone a disposición de un público cada vez más amplio una gran variedad de soportes informativos – de cuyos contenidos es más que permitido dudar que resulten de interés ciudadano – otorga a los dueños de esos medios un poder que excede el de la información.
Deteriorado el espacio educativo que otorga sentido crítico a los ciudadanos, y diversificada y vulgarizada al extremo la información, los medios han devenido algo así como el Oráculo de estos tiempos. Sólo que en lugar de revelar los misterios del Universo, como entre los caldeos, obran ahora el milagro de ocultar todo problema, toda pregunta, todo futuro, tras un manto de trivializaciones, escamoteos y medias verdades, cuando no falsedades absolutas.
En el mirífico e inamovible presente que reflejan los medios, lo esencial no sólo es invisible a los ojos; también al entendimiento.
El informe MacBride
Conviene por lo tanto historiar brevemente y ofrecer las principales recomendaciones del “Informe MacBride”, un trabajo muy conocido por los especialistas pero ignorado por los grandes medios, a pesar de sus extraordinarios antecedentes.
Es que hay razones. En 1977 la UNESCO confió la presidencia de una Comisión Internacional encargada de desarrollar un estudio planetario sobre los problemas de la comunicación al abogado irlandés Sean MacBride, entre otras coses ex ministro de Relaciones Exteriores de su país, premio Nobel de la Paz 1974 y premio Lenin 1977, fundador en 1946 del Partido Republicano Irlandés, y ex Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Namibia.
El origen de la Comisión fue precisamente un discurso de MacBride en la UNESCO en junio de 1977, centrado en la fragilidad y vulnerabilidad de la prensa a consecuencia de las presiones económicas, financieras y políticas. MacBride sugirió que la UNESCO debería analizar el tema y elaborar un informe e, incluso, cierto marco normativo para proteger el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos del mundo. La repercusión del discurso hizo que la UNESCO decidiera crear la Comisión y nombrar presidente a MacBride, quien no tardó en rodearse de colaboradores de irreprochables antecedentes: el fundador de Le Monde, Hubert Beuve-Méry; el escritor Gabriel García Márquez; Leónidas Zamiatine, portavoz del gobierno soviético, y el sociólogo canadiense Marshall MacLuhan.
Los trabajos de la Comisión comenzaron en diciembre de 1977 y duraron tres años, en un clima que, según afirmó luego el propio MacBride, no le “inspiraba el más mínimo optimismo. En los años 70 las discusiones internacionales sobre el problema de la comunicación habían llegado al estadio del enfrentamiento directo”.
Las conclusiones y propuestas del “Informe MacBride”, aprobado por la UNESCO en 1980, provocaron una crisis en la institución, de la que aún no termina de recuperarse. Un par de datos ilustran su gravedad; el africano Mathar M’Bow, uno de los grandes apoyos de MacBride, fue relevado de su cargo como Director General; en 1984 el entonces presidente de Estado Unidos, Ronald Reagan, acabó retirando a su país de la organiación, a la que no regresó hasta 2003, cuando todas las recomendaciones de la Comisión MacBride habían sido prácticamente olvidadas. Que un informe sobre comunicaciones precipite semejante crisis en un gran organismo internacional da la pauta de la importancia económica y política del tema.
¿Qué dice el Informe MacBride? Esencialmente:
§ Reinvindica el derecho de todos los países a acceder a nuevas tecnologías y el de todas las sociedades a informarse e informar;
§ Afirma el derecho de los Estados (no de los gobiernos) a disponer de medios de comunicación y su deber de ponerlos a disposición de las organizaciones ciudadanas para contrapesar el poder de las grandes corporaciones;
§ Propone estrictas medidas de control internacionales para los monopolios, en el entendimiento de que la concentración de medios atenta contra la libertad de información;
§ Promueve mecanismos de protección para los periodistas, no sólo respecto a su seguridad física, sino de su derecho a la independencia de criterio frente a las pretensiones empresarias y políticas, al mismo tiempo que requiere para la profesión un código deontológico basado en el respeto a la democracia y los derechos humanos, en la denuncia de las injusticias y la promoción de la igualdad;
El Informe MacBride hace un serie de proposiciones, detalladas en varios apartados:
§ Política de Comunicación para la independencia y el autodesarrollo.
§ Refuerzo de las licencias para las tecnologías apropiadas.
§ Nuevas tareas sociales para los medios de comunicación.
§ Integración de la comunicación al desarrollo.
§ Normas éticas y de integridad profesional.
§ Democratización de la comunicación: componente esencial de los derechos humanos.
§ Refuerzo de la identidad cultural para la dignidad humana.
§ Acceso a la información técnica: recursos esenciales para el desarrollo.
§ Promoción de la cooperación internacional.
§ Miembros asociados del desarrollo: todos los actores implicados.
Por último, el Informe considera clave instaurar un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC), para que los países del entonces llamado Tercer Mundo (eran los últimos años de la Guerra Fría y de los procesos de descolonización) se encuentren en igualdad de condiciones financieras, culturales y tecnológicas con los países desarrollados en materia de medios de comunicación.
Algunas de las bases fijadas por el Informe para el NOMIC fueron: eliminar los desequilibrios entre el Tercer Mundo y los países desarrollados; impedir los monopolios; garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información; respetar la identidad cultural y el derecho de todos los pueblos del undo a participar en los flujos de información internacionales, etc.
Libertad de empresa
Como se ve, nada pasible de entusiasmar a Fox News o al Grupo Clarín. Al colocar el problema de las comunicaciones en el marco de los derechos humanos, el desarrollo tecnológico equitativo y la igualdad de oportunidades, el Informe MacBride desenmascara el cacareo de las empresas sobre “libertad de expresión”, ya que éstas siempre, en todas partes, han considerado la libertad de todos como atentatoria de la propia.
La Ley de Radiodifusión que se intenta reemplazar en Argentina es al respecto una suerte de confesión: impuesta en 1980 por el dictado Jorge Videla, uno de sus artículos prohíbe expresamente que las organizaciones sin fines de lucro (universidades, cooperativas, sindicatos, ONG, asociaciones vecinales, etc.) posean o gestionen ondas de radio y televisión.
Es por eso que, con todos sus defectos u omisiones, el proyecto de Ley de Comunicaciones que debate actualmente el Senado argentino es preferible a lo anterior. A pesar de las lamentables maneras, el presuroso inmediatismo, las triquiñuelas y la incompetencia de la mayoría de los dirigentes de la política argentina, indistinguibles casi de la sucia campaña de los grupos multimedia, algunos aspectos del proyecto fueron favorablemente modificados por los diputados y el tema se instaló en la opinión pública, que lo seguirá debatiendo cualquiera sea la suerte de la nueva Ley.
Distinguir entre “libertad de expresión” y libertad “de empresa”, tal como indicó hace 30 años el Informe MacBride, es de vital importancia para consolidar sociedades democráticas e igualitarias.
La paradoja de que los medios oculten al público información que les concierne da cuenta de la importancia del debate. El marco global de análisis y los antecedentes existen y vienen siendo mencionados desde hace años, en el país y el extranjero, por diversos especialistas, universidades, organizaciones y medios de comunicación alternativos. Pero ya se sabe que en la sociedad moderna, lo que “no sale en televisión” o en los grandes periódicos, no existe. La memoria elige lo que olvida, aseguraba Borges.
Si embargo, la polémica sobre el significado y la aplicación de la libertad de expresión en un sistema de propiedad privada cada vez más concentrado es de una enorme trascendencia. Ocurre que el control de medios cada vez más poderosos en pocas manos se articula con otro fenómeno contemporáneo: la crisis capitalista reproduce las crecientes desigualdades económicas en los niveles educativos: mejor educación (aunque menos cultura en sentido clásico) para élites cada vez más estrechas, y empobrecimiento educativo, si no analfabetismo liso y llano, para capas cada vez más amplias de la población. El desmantelamiento de los Estados durante el período neoliberal acentuó esta tendencia, incluso en las sociedades más avanzadas.
En este marco, la explosión tecnológica y productiva, que pone a disposición de un público cada vez más amplio una gran variedad de soportes informativos – de cuyos contenidos es más que permitido dudar que resulten de interés ciudadano – otorga a los dueños de esos medios un poder que excede el de la información.
Deteriorado el espacio educativo que otorga sentido crítico a los ciudadanos, y diversificada y vulgarizada al extremo la información, los medios han devenido algo así como el Oráculo de estos tiempos. Sólo que en lugar de revelar los misterios del Universo, como entre los caldeos, obran ahora el milagro de ocultar todo problema, toda pregunta, todo futuro, tras un manto de trivializaciones, escamoteos y medias verdades, cuando no falsedades absolutas.
En el mirífico e inamovible presente que reflejan los medios, lo esencial no sólo es invisible a los ojos; también al entendimiento.
El informe MacBride
Conviene por lo tanto historiar brevemente y ofrecer las principales recomendaciones del “Informe MacBride”, un trabajo muy conocido por los especialistas pero ignorado por los grandes medios, a pesar de sus extraordinarios antecedentes.
Es que hay razones. En 1977 la UNESCO confió la presidencia de una Comisión Internacional encargada de desarrollar un estudio planetario sobre los problemas de la comunicación al abogado irlandés Sean MacBride, entre otras coses ex ministro de Relaciones Exteriores de su país, premio Nobel de la Paz 1974 y premio Lenin 1977, fundador en 1946 del Partido Republicano Irlandés, y ex Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Namibia.
El origen de la Comisión fue precisamente un discurso de MacBride en la UNESCO en junio de 1977, centrado en la fragilidad y vulnerabilidad de la prensa a consecuencia de las presiones económicas, financieras y políticas. MacBride sugirió que la UNESCO debería analizar el tema y elaborar un informe e, incluso, cierto marco normativo para proteger el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos del mundo. La repercusión del discurso hizo que la UNESCO decidiera crear la Comisión y nombrar presidente a MacBride, quien no tardó en rodearse de colaboradores de irreprochables antecedentes: el fundador de Le Monde, Hubert Beuve-Méry; el escritor Gabriel García Márquez; Leónidas Zamiatine, portavoz del gobierno soviético, y el sociólogo canadiense Marshall MacLuhan.
Los trabajos de la Comisión comenzaron en diciembre de 1977 y duraron tres años, en un clima que, según afirmó luego el propio MacBride, no le “inspiraba el más mínimo optimismo. En los años 70 las discusiones internacionales sobre el problema de la comunicación habían llegado al estadio del enfrentamiento directo”.
Las conclusiones y propuestas del “Informe MacBride”, aprobado por la UNESCO en 1980, provocaron una crisis en la institución, de la que aún no termina de recuperarse. Un par de datos ilustran su gravedad; el africano Mathar M’Bow, uno de los grandes apoyos de MacBride, fue relevado de su cargo como Director General; en 1984 el entonces presidente de Estado Unidos, Ronald Reagan, acabó retirando a su país de la organiación, a la que no regresó hasta 2003, cuando todas las recomendaciones de la Comisión MacBride habían sido prácticamente olvidadas. Que un informe sobre comunicaciones precipite semejante crisis en un gran organismo internacional da la pauta de la importancia económica y política del tema.
¿Qué dice el Informe MacBride? Esencialmente:
§ Reinvindica el derecho de todos los países a acceder a nuevas tecnologías y el de todas las sociedades a informarse e informar;
§ Afirma el derecho de los Estados (no de los gobiernos) a disponer de medios de comunicación y su deber de ponerlos a disposición de las organizaciones ciudadanas para contrapesar el poder de las grandes corporaciones;
§ Propone estrictas medidas de control internacionales para los monopolios, en el entendimiento de que la concentración de medios atenta contra la libertad de información;
§ Promueve mecanismos de protección para los periodistas, no sólo respecto a su seguridad física, sino de su derecho a la independencia de criterio frente a las pretensiones empresarias y políticas, al mismo tiempo que requiere para la profesión un código deontológico basado en el respeto a la democracia y los derechos humanos, en la denuncia de las injusticias y la promoción de la igualdad;
El Informe MacBride hace un serie de proposiciones, detalladas en varios apartados:
§ Política de Comunicación para la independencia y el autodesarrollo.
§ Refuerzo de las licencias para las tecnologías apropiadas.
§ Nuevas tareas sociales para los medios de comunicación.
§ Integración de la comunicación al desarrollo.
§ Normas éticas y de integridad profesional.
§ Democratización de la comunicación: componente esencial de los derechos humanos.
§ Refuerzo de la identidad cultural para la dignidad humana.
§ Acceso a la información técnica: recursos esenciales para el desarrollo.
§ Promoción de la cooperación internacional.
§ Miembros asociados del desarrollo: todos los actores implicados.
Por último, el Informe considera clave instaurar un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC), para que los países del entonces llamado Tercer Mundo (eran los últimos años de la Guerra Fría y de los procesos de descolonización) se encuentren en igualdad de condiciones financieras, culturales y tecnológicas con los países desarrollados en materia de medios de comunicación.
Algunas de las bases fijadas por el Informe para el NOMIC fueron: eliminar los desequilibrios entre el Tercer Mundo y los países desarrollados; impedir los monopolios; garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información; respetar la identidad cultural y el derecho de todos los pueblos del undo a participar en los flujos de información internacionales, etc.
Libertad de empresa
Como se ve, nada pasible de entusiasmar a Fox News o al Grupo Clarín. Al colocar el problema de las comunicaciones en el marco de los derechos humanos, el desarrollo tecnológico equitativo y la igualdad de oportunidades, el Informe MacBride desenmascara el cacareo de las empresas sobre “libertad de expresión”, ya que éstas siempre, en todas partes, han considerado la libertad de todos como atentatoria de la propia.
La Ley de Radiodifusión que se intenta reemplazar en Argentina es al respecto una suerte de confesión: impuesta en 1980 por el dictado Jorge Videla, uno de sus artículos prohíbe expresamente que las organizaciones sin fines de lucro (universidades, cooperativas, sindicatos, ONG, asociaciones vecinales, etc.) posean o gestionen ondas de radio y televisión.
Es por eso que, con todos sus defectos u omisiones, el proyecto de Ley de Comunicaciones que debate actualmente el Senado argentino es preferible a lo anterior. A pesar de las lamentables maneras, el presuroso inmediatismo, las triquiñuelas y la incompetencia de la mayoría de los dirigentes de la política argentina, indistinguibles casi de la sucia campaña de los grupos multimedia, algunos aspectos del proyecto fueron favorablemente modificados por los diputados y el tema se instaló en la opinión pública, que lo seguirá debatiendo cualquiera sea la suerte de la nueva Ley.
Distinguir entre “libertad de expresión” y libertad “de empresa”, tal como indicó hace 30 años el Informe MacBride, es de vital importancia para consolidar sociedades democráticas e igualitarias.
Carlos Gabetta – “Le Monde diplomatique”
1 comentario:
Un verdadera mirada sobre la realidad, una vision de un mejor futuro, de una real integracion al mundo
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